Qué está pasando...

LA LEGITIMIDAD DE LAS MANIFESTACIONES

Cada vez que se levanta una manifestación en contra de algo, o en búsqueda de soluciones, mejoras o cambios en algún ámbito social, la opinión pública inmediatamente tiende a empatizar. Por lo general, esto responde a una idea colectiva que se sintetiza en el viejo dicho: “Si el río suena es porque piedras trae”, lugar común que no hace más que asumir que los síntomas evidentes responden a causas legítimas. No obstante, cuando vemos que las marchas, protestas o paros se diluyen en el corto plazo, quitamos la atención de inmediato para concentrarnos en otros temas y creer que, si los síntomas no permanecen, no hay enfermedad. ¿Qué clase de patología tendremos entonces como sistema que, a pesar de mostrar salud en la dermis de lo sustancial, es capaz de guarnecer sórdidas sintomatologías oblicuas? ¿Será que la crisis de nuestro modelo disimula una grieta más compleja que declararía que, no sólo es frágil en su permanencia, sino inviable por diseño y funcionalidad? Hoy, los demandantes de a pie e informados, que van más allá de adherir con una que otra participación en marchas y que se toman en serio las prerrogativas por las que empujan con legítimo fastidio, procuran conocer en detalle el molde que les molesta para exigir cambios al Estado, que signifiquen mejoras permanentes, estructurales, amplias y estables. Es así como llaman a los gobiernos a hacerse cargo de estas exigencias. El Estado, por su parte, llama a un diálogo para negociar de acuerdo a su posición y desde las posibilidades que le permite el sistema, eterno enjambre de amarres que tiene por necesidad fundamental la gobernabilidad y como nefasta secuela, la falta de orientación al ciudadano y la estraordinariamente lenta actualización de los ingredientes y métodos para una cualitativa eficiencia social. En esta última idea, sin embargo, creo que hay una tendencia a simplificar la problemática. La idea de exigir a un primer ministro, a un presidente o a un gobierno que cambie el sistema, parte desde la base que es un grupo el que tiene el poder y la responsabilidad de hacer sociedad, de construir, de generar y de cambiar, por tanto es al Estado al que debemos exigirle plantear cómo debiésemos funcionar en determinado ámbito y, en caso de que nos guste, aprobarlo, muy en la lógica asistencialista y de exigencia de derechos. Pero, ¿qué hay de nuestros deberes cívicos? ¿Qué hay de la idea de proponer desde los ciudadanos mismos la horma que nos gustaría darle a nuestro sistema social? ¿Por qué esperar a que el Estado o un gobierno en particular nos dé la gran solución, asumiendo que desde una capa social podrá crear un mejor sistema para todos? Acostumbramos a criticar al Ejecutivo y a parlamentarios por tender a dilatar iniciativas de proyectos o simplemente ignorar las necesidades de la gente. Pero, ¿por qué no realizar una propuesta seria y potente, trabajada desde los estamentos cívicos involucrados? Esto nos marcaría el camino para entender que es la gente la que debe ejercer soberanía en todos los ámbitos de la vida civil y no el gobierno. Sobre todo cuando, quizá inconcientemente, llamamos “negociación” al diálogo entre los demandantes y el gobierno, como si esto se tratase de un negocio más de nuestro sistema. ¿Serán estas crisis síntomas del despertar de una conciencia social que se auto-perciba desde el deber de construir en conjunto más que el derecho a pedir y esperar a que el Estado resuelva nuestra vida? Si bien existe un complaciente orgullo reivindicativo por la magnitud y notoriedad de las protestas del nuevo siglo, al parecer estaríamos a medio camino del reconocimiento absoluto de que, no sólo somos capaces, sino además responsables de crear y desarrollar el modelo que queremos como país para vivir en armonía a nuestras necesidades e ideales. He de esperarse que seamos capaces de generar desde el sentido humano y de la convivencia, una propuesta sensata y genuina del sistema social que funcione para nosotros en los próximos años, en cotejo y coordinación al trabajo parlamentario y del Ejecutivo, para así demostrar que somos responsables de, efectivamente, hacer sociedad y no de comprar o recibir el subsidio de un modelo ajeno a lo que como ciudadanos somos. Hacerse cargo de esto desde nuestra individualidad y sentido de comunidad, es mucho mejor que estar a la expectativa de la especulación financiera y la esperanza de señales económicas para saber si estaremos bien o no. O, lo que es quizá peor: estar a la espera de las dádivas del gobierno de turno que constantemente y en virtud de estrategias políticas de negociación, tiende a cuestionar el fondo, las peticiones o la legitimidad de las manifestaciones.

Rodrigo Castillo Ahumada

Escritor